Se ha señalado que la Revolución Liberal ecuatoriana (1895-1912) no

produjo transformaciones importantes en las estructuras social y econó-

mica del país, en la medida que dejó intacto el sistema de hacienda y las

formas de estructuración social derivadas de este. Sin embargo, el liberalismo

dio lugar a la separación entre la Iglesia y el Estado, a una relativa

secularización de la vida social y a la formación de nuevas mentalidades.

Con la Revolución Liberal, un amplio sector de mujeres pasó a ser objeto

de preocupación y elaboración de discursos y aparatos estatales, que

abrieron posibilidades para su participación en otras esferas sociales, más

allá de la vida doméstica. La visión del Estado sobre las mujeres se desplazó

en este período, concibiendo su rol de manera distinta. El discurso

estatal ya no circunscribió a las mujeres únicamente al hogar o a un espacio semi-público dependiente de la Iglesia o de una autoridad masculina

sino que su incorporación al espacio público y productivo como sujetos

comenzó a plantearse.

Este es un discurso llevado por la “idea del progreso liberal” y la necesidad

de constituir un nuevo tipo de sujeto femenino aunque sin abandonar

su condición subalterna. Uno de los mecanismos importantes fue la

educación laica, que hizo posible que mujeres de sectores medios se capacitaran

e incursionaran en diversos campos profesionales, especialmente

en el educativo. La creación de los normales (1901) permitió que las

maestras fueran adquiriendo legitimación y mayor grado de profesionalización.

También, el gobierno liberal abrió cursos especiales para señoritas

en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela de Bellas Artes, y

fomentó, por medio de becas, los estudios de obstetricia y el ingreso a la

Facultad de Farmacia. Estas políticas permitieron que, por primera vez en

Ecuador, se crearan fuentes de trabajo para las mujeres en el sector público,

quienes comenzaron a laborar en Quito y Guayaquil en las oficinas de

correos, telégrafos y teléfonos, el profesorado y los mandos medios de la

administración pública4

. Esto no quiere decir que los antiguos roles de las

mujeres como madres y esposas desaparecieran, pero sí que se abrieron

nuevos espacios en los que adquirieron cierta autonomía y se vieron sujetas

a otras formas de control social e individual.

El discurso liberal asumió que la mujer era un factor clave en el progreso

y el desarrollo del país. Su incorporación al campo productivo sería una

condición necesaria para su autonomía económica e inclusión ciudadana. El

principio liberal del trabajo como medio para que el hombre conquistara su

independencia y se volviera dueño de sí incluyó a la mujer, aunque conservando

las diferencias que marca la reproducción del sistema patriarcal y de

dominio en un sentido económico y moral. Aunque el proceso abierto por

el liberalismo no eliminó la antigua situación de subordinación de las mujeres,

generó nuevas posibilidades de actuación pública a la vez que exigencias

y necesidades. Este proceso se llevó a cabo con una doble estrategia: de

“incorporación controlada” y de “inclusión subordinada”. De incorporación 

ya que la dinámica del comercio y la incipiente industria, así como los requerimientos

administrativos del Estado, incorporaron a muchas mujeres; de

inclusión subordinada ya que esta incorporación no se realizó en términos

equitativos y se dio solo en determinados campos y espacios.

Dentro del proceso de secularización y de separación de la Iglesia y el

Estado, al dictar las leyes del Registro Civil y de Matrimonio Civil y

Divorcio (1902), el Estado liberal puso bajo su control los mecanismos

legales de celebración y disolución del matrimonio que antes fueran regulados

por el Derecho Canónigo.