Se ha señalado que la Revolución Liberal
ecuatoriana (1895-1912) no
produjo transformaciones importantes en las
estructuras social y econó-
mica del país, en la medida que dejó intacto el
sistema de hacienda y las
formas de estructuración social derivadas de este.
Sin embargo, el liberalismo
dio lugar a la separación entre la Iglesia y el
Estado, a una relativa
secularización de la vida social y a la formación
de nuevas mentalidades.
Con la Revolución Liberal, un amplio sector de
mujeres pasó a ser objeto
de preocupación y elaboración de discursos y
aparatos estatales, que
abrieron posibilidades para su participación en
otras esferas sociales, más
allá de la vida doméstica. La visión del Estado
sobre las mujeres se desplazó
en este período, concibiendo su rol de manera
distinta. El discurso
estatal ya no circunscribió a las mujeres
únicamente al hogar o a un espacio semi-público dependiente de la Iglesia o de
una autoridad masculina
sino que su incorporación al espacio público y
productivo como sujetos
comenzó a plantearse.
Este es un discurso llevado por la “idea del
progreso liberal” y la necesidad
de constituir un nuevo tipo de sujeto femenino
aunque sin abandonar
su condición subalterna. Uno de los mecanismos
importantes fue la
educación laica, que hizo posible que mujeres de
sectores medios se capacitaran
e incursionaran en diversos campos profesionales,
especialmente
en el educativo. La creación de los normales (1901)
permitió que las
maestras fueran adquiriendo legitimación y mayor
grado de profesionalización.
También, el gobierno liberal abrió cursos
especiales para señoritas
en el Conservatorio Nacional de Música y en la
Escuela de Bellas Artes, y
fomentó, por medio de becas, los estudios de
obstetricia y el ingreso a la
Facultad de Farmacia. Estas políticas permitieron
que, por primera vez en
Ecuador, se crearan fuentes de trabajo para las
mujeres en el sector público,
quienes comenzaron a laborar en Quito y Guayaquil
en las oficinas de
correos, telégrafos y teléfonos, el profesorado y
los mandos medios de la
administración pública4
. Esto no quiere decir que los antiguos roles de
las
mujeres como madres y esposas desaparecieran, pero
sí que se abrieron
nuevos espacios en los que adquirieron cierta
autonomía y se vieron sujetas
a otras formas de control social e individual.
El discurso liberal asumió que la mujer era un
factor clave en el progreso
y el desarrollo del país. Su incorporación al campo
productivo sería una
condición necesaria para su autonomía económica e
inclusión ciudadana. El
principio liberal del trabajo como medio para que
el hombre conquistara su
independencia y se volviera dueño de sí incluyó a
la mujer, aunque conservando
las diferencias que marca la reproducción del
sistema patriarcal y de
dominio en un sentido económico y moral. Aunque el
proceso abierto por
el liberalismo no eliminó la antigua situación de
subordinación de las mujeres,
generó nuevas posibilidades de actuación pública a
la vez que exigencias
y necesidades. Este proceso se llevó a cabo con una
doble estrategia: de
“incorporación controlada” y de “inclusión
subordinada”. De incorporación
ya que la dinámica del comercio y la incipiente
industria, así como los requerimientos
administrativos del Estado, incorporaron a muchas
mujeres; de
inclusión subordinada ya que esta incorporación no
se realizó en términos
equitativos y se dio solo en determinados campos y
espacios.
Dentro del proceso de secularización y de
separación de la Iglesia y el
Estado, al dictar las leyes del Registro Civil y de
Matrimonio Civil y
Divorcio (1902), el Estado liberal puso bajo su
control los mecanismos
legales de celebración y disolución del matrimonio
que antes fueran regulados
por el Derecho Canónigo.
